MOE se pronuncia por allanamientos de la FECI en instalaciones del TSE

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) por medio de un comunicado indicó que los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) «son una muestra más de los intentos por desacreditar las elecciones».

La MOE-Gt aseguró que dichas acciones han sido denunciadas y condenadas por misiones de observación nacionales e internacionales y por la comunidad internacional.

En ese sentido, la Misión indicó que las acciones de la FECI, avaladas por un juez de primera instancia penal, con la intención de “inspección, registro y secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales” del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Provisionales (TREP) y que se tradujeron en la apertura de cajas electorales, resultan arbitrarias, improcedentes e ilegales.

Aseguró que dicho sistema solo ofrece datos provisionales que no son vinculantes para decidir el resultado de una elección, ya que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que los únicos resultados válidos son los que constan en el acta 4, en donde se asienta el conteo manual realizado por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en presencia de los fiscales de los partidos políticos.

«Las acciones del Ministerio Público y la orden judicial que las respalda, con especial gravedad la apertura de las cajas electorales, representan una intromisión de autoridades con competencia en materia penal en asuntos de competencia constitucional, regulados con carácter exclusivo y especializado en los procedimientos y normas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ninguna fiscalía ni juez penal son competentes para declarar la validez o invalidez de uno o más votos válidamente emitidos», afirmó.

Por lo anterior, la MOE-Gt condenó las acciones de la FECI, que son caracterizadas como intimidatorias por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su resolución del 1 de septiembre pasado, aceptada por el Estado de Guatemala.

«La voluntad popular se expresó el 25 de junio y el 20 de agosto. Se validó en las audiencias de revisión de impugnaciones y se ratificó con la emisión y entrega de credenciales a los funcionarios electos. La voluntad popular debe respetarse», señaló.

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