Estructura «B410»: la mayor operación contra la defraudación fiscal en Guatemala

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló una impactante estructura de defraudación fiscal, denominada «B410», que involucra a 410 empresas. Esta red habría facturado más de Q6,400 millones entre 2021 y 2023, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos, lo que representa una posible defraudación de Q300 millones, cifra que podría aumentar a medida que avanza la investigación.

Modus operandi y hallazgos clave

La SAT detectó similitudes sospechosas entre las empresas, como el mismo representante legal y socio, domicilios fiscales inexistentes y la alteración de documentos. Más de 200 empresas carecían de la infraestructura necesaria para operar, y se identificaron subdeclaraciones y alteraciones en los registros ante la SAT.

Impacto en las arcas del Estado

Entre 2021 y 2023, las ventas de esta estructura alcanzaron los Q5,730 millones, pero solo se pagaron Q26.9 millones en impuestos. Se estima que en el primer semestre de 2024 facturaron Q714 millones adicionales.

Tres grupos de empresas bajo investigación

1. Empresas de la estructura que venden directamente al Estado: Nueve contribuyentes vendieron al Estado bienes y servicios por más de Q81.7 millones, principalmente a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa y municipalidades.
2. Proveedores del Estado que compran a la estructura: 16 contribuyentes que vendieron al Estado bienes y servicios por Q4,342 millones también compraron a empresas de la estructura más de Q375 millones.
3. Empresas que venden a constructoras proveedoras del Estado: Dos contribuyentes de la estructura vendieron Q64.8 millones a cinco constructoras que, a su vez, vendieron al Estado Q517.2 millones.

Acciones legales y reacciones

La SAT presentó una denuncia ante los tribunales tributarios y compartió la información con el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. El MP confirmó que la Fiscalía de Delitos Económicos está investigando el caso.

El sector privado, representado por la Cámara de Comercio de Guatemala y el Cacif, expresó su apoyo a las acciones de la SAT y enfatizó la importancia de combatir la corrupción y la defraudación fiscal.

Investigación en curso

La SAT continúa investigando el caso y ha realizado auditorías a varias empresas involucradas. El superintendente Marco Livio Díaz aseguró que no se descarta la posibilidad de que funcionarios públicos estén involucrados y que los proveedores del Estado deberán responder por sus adquisiciones a la estructura B410.