Renovación de las Cortes: Fiscales y exfuncionarios buscan magistraturas en la Corte de Apelaciones

La renovación de las Cortes avanza con la presentación de expedientes de abogados que aspiran a ocupar una de las magistraturas en la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría para el período 2024-2029

Entre los postulantes se encuentran fiscales, exdiputados y exfuncionarios que buscan un puesto en el sistema judicial, los cuales algunos han sido sancionados por Estados Unidos por «actos de corrupción y socavar la democracia».

Entre los postulantes se encuentra el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien presentó su candidatura para magistrado de la Corte de Apelaciones.

Otras fiscales que entregaron su expediente fueron Cinthya Monterroso, de la Fiscalía Regional de Zacapa, y Leonor Morales Lazo, también de la FECI.

Asimismo, Gendry Rocael Reyes Mazariegos, exministro de Gobernación durante el gobierno de Alejandro Giammattei, y Ramiro Muñoz Jordán, actual Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, se sumaron a la lista de aspirantes.

Entre los postulantes también destacan José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catarina Pinula, y Luis Adolfo Chávez Pérez, exdiputado que fue condenado por tráfico de influencias.

Jorge Luis Donado Vivar, exprocurador general de la Nación durante la administración de Jimmy Morales.

Funciones de los magistrados de la Corte de Apelaciones

Los magistrados de la Corte de Apelaciones son los encargados de conocer en primera instancia los procesos contra altos funcionarios, una vez que el Congreso haya declarado que hay lugar a juicio.

Esto incluye casos de responsabilidad en contra del Presidente y Vicepresidente de la República, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como Ministros, Viceministros cuando estén a cargo de un despacho, Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Fiscal General y el Procurador General de la Nación (PGN).

Además, estos magistrados son responsables de conocer los antejuicios que no estén asignados a otro órgano por la Constitución o la ley.