Analistas advierten que el país perdió un “candado jurídico” por retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena

Durante el programa Estado de la Nación junto con José Eduardo Valdizán, se analizó el reciente levantamiento de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, con la participación de José Paredes, del CEDECÓN, y Ligia Biz, directora ejecutiva de La Familia Importa.

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Ambos invitados expresaron su preocupación por la medida, oficializada el 5 de mayo de 2025 mediante el Acuerdo Gubernativo 65-2025, publicado en el Diario de Centro América.

José Paredes calificó el levantamiento como “una atrocidad jurídica”, argumentando que la reserva funcionaba como un candado que garantizaba la supremacía de la Constitución de Guatemala sobre cualquier tratado internacional.

Según explicó, al eliminarse esa reserva, el país se expone a la imposición de normas internacionales que podrían contradecir principios constitucionales, incluyendo temas sensibles como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras agendas asociadas al “globalismo”.

Ligia Biz, por su parte, indicó que Guatemala ha perdido una herramienta de defensa frente a presiones internacionales, y que el levantamiento genera incertidumbre sobre la capacidad del país para preservar sus valores constitucionales.

Advirtió sobre el riesgo de que los tratados internacionales sean reinterpretados de forma progresiva o expansiva, afectando directamente el marco legal nacional.

La postura del Ministerio de Relaciones Exteriores

En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) por medio de un comunicado argumentó que la reserva, formulada en 1997, había perdido vigencia, ya que la jurisprudencia actual, tanto nacional como internacional, ha consolidado el principio de «buena fe» como parte fundamental de las relaciones entre Estados.

El artículo 27 de la Convención establece que un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado internacional, siempre que el acuerdo haya sido firmado, aprobado y ratificado conforme al proceso legal vigente en el país.

Según el Ejecutivo, esta acción refuerza el compromiso de Guatemala con el derecho internacional, y es coherente con los principios establecidos en los artículos 44 y 46 de la Constitución, que reconocen la primacía de tratados internacionales en materia de derechos humanos.