Oficio judicial advierte fallas en reinserción y atención en centros juveniles

Publicidad

Los recientes motines registrados en el Centro Especializado de Reinserción 1 (CER 1) han puesto nuevamente en evidencia las deficiencias en los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal, pese a que un oficio judicial había advertido de esta situación desde el año pasado.

En octubre de 2023, el Juzgado de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes emitió un oficio en el que señalaba múltiples carencias en estos centros, entre ellas: la falta de actividades diarias, la escasa atención educativa con clases de apenas dos horas semanales, talleres infrautilizados, problemas en la alimentación y la ausencia de tutores para los jóvenes que cursan estudios universitarios en línea.

También se destacó la necesidad de fortalecer la atención integral, incluyendo salud mental, actividades deportivas y refuerzo espiritual.

El documento estableció plazos específicos para subsanar estas deficiencias. En el corto plazo (un año) debía implementarse el Modelo de Gestión Juvenil en todos los centros, crear un Centro de Atención Integral de Salud Mental, trasladar a los internos a instalaciones que cumplieran estándares adecuados y aumentar el personal docente y técnico. En un plazo de tres años, se fijó el remozamiento completo de las instalaciones y el fortalecimiento de los equipos técnicos y talleres.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS), el Ministerio de Educación y los directores de cada centro fueron señalados como responsables de dar cumplimiento a estas medidas, bajo la supervisión del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y las defensorías correspondientes.

El oficio identificó como los centros con mayor vulnerabilidad a Reinserción 1, Gaviotas y Gorriones, donde se habían detectado problemas estructurales, educativos y de reinserción. La situación es especialmente crítica en el CER 1, que recientemente fue escenario de motines protagonizados por integrantes de la Mara Salvatrucha y de los “Paisas”.

De no cumplirse los plazos establecidos, advierten expertos, podría producirse un retroceso en los avances alcanzados en la reinserción social y familiar de los adolescentes privados de libertad, lo que incrementaría los riesgos de conflictividad y reincidencia.

Con información de Ashely Monzón para Fuerza Informativa Azteca.