Diversos sectores piden al Presidente vetar el decreto 7-2025 por riesgos de corrupción

Diversos centros de investigación, tanques de pensamiento y sectores empresariales manifestaron su rechazo al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado de urgencia nacional por el Congreso de la República, que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año fiscal al siguiente y otorga un plazo máximo de cinco días para que las entidades emitan avales y permisos.

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De acuerdo con estas organizaciones, la normativa representa un retroceso en materia de transparencia, control presupuestario y lucha contra la corrupción, por lo que solicitaron al presidente Bernardo Arévalo ejercer su facultad constitucional de vetar la ley.

Posición del ICEFI

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señaló que el decreto asegura de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no garantiza la calidad de las obras.

Además, prácticamente suprime la supervisión del avance físico y financiero de los proyectos a cargo de los CODEDE y debilita las facultades de las entidades estatales al imponer un plazo máximo de cinco días para la emisión de permisos, sin asignar recursos adicionales para cumplirlo.

El ICEFI advirtió que estas disposiciones abren espacios para el abuso y la corrupción, por lo que instó al Ejecutivo a vetar la norma e iniciar un proceso de discusión técnica y abierta con las instituciones involucradas.

Postura del CIEN

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) también rechazó la ley, al considerarla contraria al principio de anualidad y unidad del presupuesto, lo que debilita el control democrático y el rol del Congreso.

El CIEN advirtió que el arrastre automático de saldos contradice la Ley Orgánica del Presupuesto, que exige cerrar el ejercicio el 31 de diciembre y reintegrar economías al Fondo Común. Además, alertó que el decreto relaja controles en un entorno de alto riesgo, según el informe PEFA 2018, lo que incrementaría la posibilidad de irregularidades.

En sus recomendaciones, pidió respetar el ciclo presupuestario anual, fortalecer el control interno, digitalizar procesos de adquisiciones y priorizar la gestión por resultados. Finalmente, solicitó al Presidente vetar el decreto como una muestra clara de su compromiso contra la corrupción.

Pronunciamiento del CACIF

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó que el decreto viola el principio de anualidad del presupuesto y delega funciones exclusivas del Congreso al Ministerio de Finanzas, lo cual es contrario a la Constitución.

Advirtió que, de entrar en vigencia, la ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin control político, poniendo en riesgo la transparencia en el uso de los recursos estatales. Por ello, pidió al Presidente vetar la normativa para resguardar el orden jurídico y la rendición de cuentas.

Rechazo del CNE

El Consejo Nacional Empresarial (CNE) manifestó su profunda preocupación y rechazo al decreto, debido a que fue aprobado sin discusión parlamentaria ni criterios técnicos. Señaló que la medida constituye un retroceso en la lucha contra la corrupción y contradice los compromisos asumidos por la actual administración de gobierno.

El CNE reconoció la urgencia de agilizar la contratación y ejecución de obra pública, pero advirtió que ello no debe hacerse a costa de la transparencia, ya que podría reactivar redes de corrupción que han operado en el Estado. Por ello, exigió al presidente Arévalo vetar el decreto.

Con estos pronunciamientos, tanto centros de investigación como sectores empresariales coinciden en que la ley representa riesgos institucionales, financieros y de corrupción, por lo que apelan al Ejecutivo para evitar su entrada en vigencia.