Expertos señalan que Guatemala enfrenta grandes desafíos en la protección del derecho a la propiedad privada

En el programa Estado de la Nación, conducido por José Eduardo Valdizán, se abordó el tema del aseguramiento de los derechos de propiedad en Guatemala, con la participación de Gustavo Méndez, de ACDEPRO, y Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de la Propiedad.

Publicidad

Durante el programa, Cáceres destacó que las usurpaciones de propiedades continúan afectando gravemente a los guatemaltecos, siendo la ciudad de Guatemala el lugar donde se concentran la mayor cantidad de denuncias.

Señaló que, según mediciones internacionales, Guatemala se ubica en la posición 88 de 126 países en el índice de protección a la propiedad privada, con una calificación de 4 sobre 10 puntos, según el estudio Property Rights Alliance 2022.

Por su parte, Gustavo Méndez recordó que la propiedad privada es un derecho constitucional consagrado en el artículo 39 de la Carta Magna, y la calificó como uno de los pilares fundamentales de la República.

“No podemos vivir en sociedad si no tenemos claro cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Lo más elemental por lo cual el ser humano se levanta temprano es para que sus hijos gocen del fruto de su esfuerzo”, expresó Méndez.

Cáceres explicó que el Observatorio de Derechos de la Propiedad ha recibido 2,400 denuncias por usurpación en el año anterior, y 1,700 en lo que va de 2025, de las cuales el 60% son agravadas, es decir, involucran violencia, grupos mayores a cinco personas o permanecen más de tres días en el lugar.

“Son procesos muy largos, y las personas no logran recuperar sus bienes debido a la complejidad y lentitud de las resoluciones judiciales”, indicó.

Asimismo, detalló que existen dos tipos de usurpaciones:

1. Las vinculadas al crimen organizado y la narcoactividad, que utilizan la fuerza o la intimidación.
2. Las que ocurren mediante engaños, donde se venden terrenos ajenos bajo documentación falsa.

Cáceres también expresó preocupación por la falta de contundencia de los jueces al resolver los casos, señalando que algunos temen represalias o exigen requisitos fuera de la ley, lo que retrasa la justicia. De 2,500 denuncias presentadas, solo 78 han derivado en órdenes de desalojo efectivas.

Finalmente, ACDEPRO hizo un llamado a que los jueces se actualicen en materia de propiedad privada y cumplan con la ley, para evitar confundir un desalojo forzado con una orden legal donde se ha comprobado que el propietario legítimo ha sido víctima de un delito.