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Presidente presenta querella contra el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche por seis posibles delitos
El presidente Bernardo Arévalo, en su calidad de ciudadano guatemalteco, presentó una querella penal en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, por presuntamente cometer seis delitos durante sus actuaciones recientes.
De acuerdo con la acción presentada, el mandatario acusa a Curruchiche de los delitos de abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.
La querella surge tras una serie de declaraciones y publicaciones realizadas por el fiscal. El 21 de octubre de 2025, Curruchiche presentó públicamente el Caso UNOPS: corrupción presidencial, en el que señaló presuntas irregularidades en un convenio entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), e implicó directamente al presidente Arévalo.
Posteriormente, los días 23, 24, 25 y 28 de octubre, el fiscal publicó cuatro videos en su cuenta de la red social X, en los que difundió audios e información que, según la querella, habrían sido obtenidos mediante métodos especiales de investigación, como escuchas telefónicas, sin la debida autorización judicial.
Según el mandatario, esas acciones constituyen violaciones graves a la ley y a los derechos constitucionales, razón por la cual decidió accionar legalmente.
La querella, a diferencia de una denuncia común, es una figura legal que puede presentar una persona directamente agraviada por un delito, convirtiéndose así en parte activa del proceso penal.
Contexto del caso UNOPS
El 21 de octubre, Rafael Curruchiche, en su calidad de jefe de la FECI, presentó públicamente una investigación denominada “Caso UNOPS: corrupción presidencial”.
Según su exposición, la fiscalía habría recibido denuncias en abril de 2024 en las que se señala que el presidente Arévalo habría recibido apoyo de entes internacionales, como la OEA, ONU, Unión Europea y el Partido Demócrata de Estados Unidos, durante su campaña y posterior gestión.
De acuerdo con Curruchiche, ese respaldo habría derivado en un contrato lesivo con UNOPS, presuntamente vinculado con irregularidades presupuestarias y conflictos de interés.
Asimismo, el fiscal señaló que otros funcionarios y exfuncionarios estarían implicados, entre ellos Gustavo Alejos, los ministros Joaquín Barnoya y Jonathan Menkos, el hermano del presidente, Martín Arévalo, y el diputado Samuel Pérez, a quienes acusó de instaurar un presunto mecanismo de corrupción dentro del Ministerio de Salud.
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