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Limitadores de velocidad: CC suspende normas para transporte pesado

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente tres disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, relacionadas con la instalación de limitadores de velocidad en buses y vehículos de transporte de carga.
La decisión fue publicada este martes 10 de noviembre en el Diario de Centro América, luego de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (FENATREXP).
El fallo corresponde al expediente 5185-2026 y fue emitido el 27 de octubre.
¿Qué cambia con la decisión de la CC?
Una de las disposiciones suspendidas obligaba a los propietarios de buses y transporte de carga a modificar, por su cuenta, el sistema de admisión de combustible de sus vehículos para que no superaran los 80 kilómetros por hora.
La Corte también dejó en suspenso la obligación relacionada con el certificado de instalación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), documento que debía contar con el aval del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
Ambas disposiciones forman parte del artículo 2 de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, reformado mediante el Decreto 11-2017.

También suspenden multa y sanción
La tercera disposición afectada corresponde al artículo 3, literal a), del Decreto 45-2016.
Esta establecía que los transportistas que no instalaran el limitador de velocidad dentro del plazo fijado podían enfrentar una suspensión del servicio durante seis meses, además de una multa de entre cinco y diez salarios mínimos.
Con la resolución, esa sanción queda provisionalmente suspendida.

¿Por qué fueron suspendidas estas normas?
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por FENATREXP, a través de su presidente y representante legal, Itiel Rosanio Ordóñez Castillo.
La CC consideró que existían las condiciones legales para suspender temporalmente las disposiciones mientras se resuelve el caso.
Como parte del proceso, dio una audiencia de 15 días al Congreso de la República y al Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, para que se pronuncien.
La decisión no deja sin efecto toda la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. Los buses y vehículos de carga deben continuar respetando los límites de velocidad establecidos en las normas de tránsito.
Por ahora, la suspensión es provisional. La CC deberá analizar los argumentos antes de resolver de manera definitiva la acción de inconstitucionalidad.
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