Los guatemaltecos que aparecen en la nueva «Lista Engel» de EE. UU. a los cuales considera corruptos y anti democráticos

Este viernes 15 de julio el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer una lista de actores a quienes se les considera corruptos y anti democráticos, la «Lista Engel» se señala a algunos funcionarios, congresistas, empresarios e incluso magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

Las personas que aparecen en esta lista son:

El abogado Dennis Billy Herrera Arita, quien ha estado vinculado en el caso «Comisiones Paralelas 2022» quien también había sido vinculado con Mynor Motto Morataya quien era Juez Tercero.

El abogado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) también involucrados en este mismo caso «Comisiones Paralelas 2022».

José Rafael Curruchiche Cacul, fue nombrado por la actual Fiscal General Consuelo Porras como el jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (FECI) del Ministerio Público (MP).

El empresario, Axel Arturo Samayoa Camacho, ha tenido contratos millonarios por parte del Gobierno pero por medio de tráfico de influencias, esta persona se dedica a ser proveedor en el Puerto Quetzal, Escuintla y en la Empresa Portuaria de Santo Tomás de Catilla.

Ramiro Mauricio López Camey, es copropietario de la constructora Aspetro, y según EE. UU., ha incurrido en actos de corrupción con pago de sobornos para adquirir contratos millonarios con el Gobierno. 

Ramón «Moncho» Campollo Codina, es propietario de la Corporación de Energías de Guatemala, involucrado en corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

La diputada, Sofía Jeneth Hernández Herrera, ella integra la agrupación del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), según se ha aprovechado de su cargo político para realizar una red de empleaos para sus familiares además, otros de ellos están vinculados al narcotráfico en Huehuetenago, en especial sus hermanos quienes perteneces a la estructura de «Los Huistas».

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, propietario de la Corporación Energías de Guatemala, involucrado en corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética del país.

Mayra Alejandra Carillo de Leon, Directora del Instituto de la Víctima, también está involucrada en el caso de «Comisiones Paralelas 2022» y por caso de plazas fantasmas en esta institución gubernamental.

Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Quiché fue despojado de su inmunidad para ser procesado por el intento de cobrar un soborno de Q10 millones a cambio de emitir una resolución favorable para una empresa. El hecho habría ocurrido cuando Santiago era integrante de una Sala de Apelaciones del Ramo Civil en Guatemala.

El magistrado Nery Oswaldo Medina Méndez, otro más de los involucrados en el caso «Comisiones Paralelas 2022».

La magistrada, Vitalina Orellana y Orellana, por ser parte también del caso «Comisiones Paralelas 2022» por presuntamente cometer irregularidades en la integración de las nóminas de los aspirantes a las cortes de justicia. 

Mauricio López Oliva, es co- propietaria de la compañía de construcción de asfaltos y petróleos S.A. quien ha incurrido en actos de corrupción en cuanto al pago de sobornos para adquirir contratos millonarios con el Gobierno.

Victor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, quien ha obstruido investigaciones de actos de corrupción mediante la demora indebida de los procesos judiciales. Él fue quien giró la primer orden de captura en contra de la ex Fiscal General Thelma Aldana.

José Luis Benito Ruiz, ex Ministro de Comunicaciones en el Gobierno de Jimmy Morales, involucrado de una corrupción significativa cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su posición como funcionario y recibir sobornos de los contratistas y facilitar la transferencia de ganancias del dinero resultado de actos corruptos.