Condenan a ejecutivo de hidroeléctrica por asesinato de activista ambiental en Honduras

Un tribunal hondureño condenó el lunes a más de 20 años de prisión a un ejecutivo de alto rango de una empresa como coautor en la muerte de la líder indígena Berta Cáceres, quien luchaba contra la construcción de una represa hidroeléctrica en tierras de su etnia, informó una portavoz de la Corte Suprema.

David Castillo se desempeñaba como presidente ejecutivo de la firma Desarrollos Energéticos (DESA), que desarrollaba la construcción de la hidroeléctrica «Agua Zarca» en territorio de la etnia Lenca, la más numerosa de Honduras, cuando Cáceres, una maestra de 44 años, fue atacada a tiros en marzo de 2016.

«El Tribunal de Sentencia condenó como autor responsable a David Castillo a 22 años seis meses de cárcel por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres», dijo a reporteros la vocera del poder judicial, Lucía Villars.

Ritza Antúnez, una de las abogadas de Castillo, aseguró que apelaría la decisión del tribunal. «Esa sentencia no es producto de evidencia, es producto de la presión ejercida a través de los medios», afirmó en una entrevista telefónica con Reuters.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que lideraba Cáceres saludó el fallo y llamó a investigar y actuar contra los responsables intelectuales del homicidio.

Condenan a 22 años a David Castillo por la muerte de Berta Cáceres. Castillo fue miembro de la Inteligencia del Ejército de Honduras, entrenado en EEUU, y ejecutivo de la empresa DESA que quería construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la que se oponía Cáceres. ¡Justícia! pic.twitter.com/T9xfdYvC54

— Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) June 20, 2022

En diciembre de 2019 fueron condenadas a penas de entre 30 y 50 años siete personas, entre ellas otro ejecutivo de DESA, un mayor activo del Ejército, un oficial retirado, así como cuatro personas más ligadas a la compañía, según el Ministerio Público.

Cáceres, ganadora del prestigioso premio Goldman por su lucha ambiental, fue asesinada en su residencia en la semirural ciudad La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa, poniendo de relieve el alto riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos y de la tierra en el país.

La activista había denunciado amenazas de muerte en reiteradas ocasiones contra ella y su familia, pero no disponía de protección de seguridad por parte del gobierno de Honduras, donde en los últimos años se han producido varios asesinatos de activistas indígenas.

Con información de Reuters