Congreso de El Salvador aprueba nueva prórroga del régimen de excepción

El Congreso de El Salvador aprobó la décimo tercera prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, con el argumento de combatir a las pandillas que por décadas dominaron el país.

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La medida, solicitada por el gabinete de Seguridad, fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados, mientras que tres legisladores de oposición se negaron a respaldarla.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, justificó la extensión señalando que aún quedan más de 8,000 pandilleros pendientes de captura, muchos de los cuales participaron en crímenes violentos durante su iniciación en estos grupos. Según el funcionario, la estrategia ha desmantelado gran parte del «Estado criminal paralelo» que operaba en el 90% del territorio salvadoreño, recaudando alrededor de $2,000 millones anuales en extorsiones.

El régimen suspende derechos fundamentales como el acceso a un abogado y la información sobre los motivos de detención. También permite la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial y prolonga las detenciones preventivas de 72 horas a 15 días. Desde su implementación, las autoridades aseguran haber detenido a 83,600 personas vinculadas a pandillas, liberando a 8,000 de ellas tras comprobar su inocencia.

En contraste, organizaciones de derechos humanos reportan más de 6,000 denuncias por violaciones a derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia, que suman 340 adultos y cuatro bebés. Estas cifras generan preocupaciones internacionales sobre el impacto del régimen en la población.

Aunque el presidente Nayib Bukele expresó recientemente que el régimen podría relajarse en el futuro cercano, las declaraciones del gabinete de Seguridad indican que no hay cambios inmediatos en estudio.

El Salvador ha reducido significativamente su tasa de homicidios, pasando de ser uno de los países más violentos del mundo en 2015 con 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, a registrar solo 214 en 2023. No obstante, los cuestionamientos sobre los costos en derechos humanos continúan marcando el debate sobre esta política.

Con información de VOA.