Yoon Suk Yeol, presidente destituido de Corea del Sur enfrentará juicio por insurrección

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido acusado formalmente de liderar una insurrección tras imponer brevemente la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Publicidad

Según la fiscalía surcoreana, esta medida buscaba prohibir actividades políticas y parlamentarias, además de ejercer control sobre los medios de comunicación.

Yoon, destituido por el parlamento el 14 de diciembre y arrestado el 15 de enero, enfrenta uno de los pocos cargos penales que no gozan de inmunidad presidencial en el país. La insurrección podría acarrear una condena de cadena perpetua o incluso pena de muerte, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a nadie en décadas.

Un país en crisis política

La imposición de la ley marcial por parte de Yoon desencadenó un período de gran agitación política en Corea del Sur, afectando incluso su posición como aliado clave de Estados Unidos. Además del presidente, varios altos funcionarios militares fueron acusados por su papel en los hechos.

El Partido Demócrata, principal fuerza de oposición, celebró la decisión de la fiscalía. «El castigo del cabecilla de la insurrección empieza ahora por fin», declaró Han Min-soo, portavoz del partido.

Por su parte, los abogados de Yoon calificaron la acusación como un «error grave» y argumentaron que la declaración de ley marcial fue una medida temporal y preventiva para lidiar con una crisis política. Sin embargo, la declaración fue anulada aproximadamente seis horas después de que los legisladores rechazaran el decreto y enfrentaran a los soldados que intentaban tomar el parlamento.

Decisiones judiciales en marcha

Actualmente, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur evalúa si ratificará la destitución de Yoon o le devolverá sus poderes presidenciales, en un plazo máximo de 180 días. Paralelamente, el proceso penal determinará su responsabilidad en los hechos.

En caso de que la destitución sea definitiva, se convocarán elecciones presidenciales en un plazo de 60 días, abriendo un nuevo capítulo en la política surcoreana.