Por retiro de antejuicio en contra de magistrados del TSE, Congreso es notificado

Luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara con lugar la solicitud de retiro de antejuicio en contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante la sesión ordinaria, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera notificó que fue enviado el referido expediente al órgano Legislativo.

«En virtud que en esta oportunidad no estaba incluido en el orden del día de la presente sesión el conocimiento de dicho punto y que aun nos encontramos dentro del plazo establecido por la ley en materia de antejuicio se hace de conocimiento de este honorable pleno que en la próxima sesión plenaria», informó Rivera en la sesión.

Además, indicó que solicitó a Dirección Legislativa remitir vía correo electrónico a todos los diputados el antejuicio recibido para su conocimiento.

CSJ da trámite antejuicio contra magistrados del TSE

Por mayoría, la CSJ declaró con lugar la solicitud de retiro de antejuicio en contra de los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, así como Marco Cornejo, Marlon Catalán y Ricardo Paredes en su calidad de magistrados suplentes.

Según argumentó la CSJ considera que el antejuicio no es espurio porque tiene fundamentos serios sustentados con elementos de racionalidad aportados por el ente fiscal.

Motivos del retiro de antejuicio

El Ministerio Público señaló a los magistrados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

Aseguró que los referidos magistrados hicieron constar en acta que TSE suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa de sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares 2023 con la entidad DATASYS Guatemala, S. A.

Señaló que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software sino que la misma entidad recomendó a la entidad de origen mexicano PODERNET, S. A.  y al ofrecer su oferta al TSE lo hizo por la cantidad de Q148millones, 850, 250 mientras que otra entidad lo ofertó por la cantidad Q113millones 957, 424.

A criterio del MP, los magistrados posiblemente suscribieron el referido contrato utilizando «artificios» para defraudar al estado de Guatemala, puesto que existe una diferencia de Q34 millones entre lo ofertado por las entidades postulantes.

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