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Nacionales

CC deniega amparo a cuatro magistrados del TSE

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La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó los amparos solicitados a cuatro de los ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los cuales el Ministerio Público busca investigar por la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales 2023.

Los amparos fueron denegados a los magistrados titulares Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores, por lo que continuará el trámite de antejuicio en su contra.

Mientras, que la CC otorgó un amparo a los magistrados suplentes Álvaro Ricardo Cordón Paredes, Marco Antonio Cornejo Marroquín y Marlon Josué Barahona Catalán.

Según considera la CC los magistrados suplentes, no conocieron o decidieron sobre el proceso para la adquisición, suscripción y aprobación del contrato administrativo del TREP con la empresa Datasys Guatemala, S.A. por lo que suspende el trámite de antejuicio en su contra.

Además, la CC otorgó amparo provisional a la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, por lo que el trámite de retiro de antejuicio queda temporalmente suspendido.

Motivos del retiro de antejuicio

El Ministerio Público señaló a los magistrados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

Aseguró que los referidos magistrados hicieron constar en acta que TSE suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa de sistema informático de la TREP con la entidad Datasys Guatemala, S. A.

Señaló que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software sino que la misma entidad recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, S. A.  y al ofrecer su oferta al TSE lo hizo por la cantidad de Q148millones, 850, 250 mientras que otra entidad lo ofertó por la cantidad Q113millones 957, 424.

A criterio del MP, los magistrados posiblemente suscribieron el referido contrato utilizando «artificios» para defraudar al estado de Guatemala, puesto que existe una diferencia de Q34 millones entre lo ofertado por las entidades postulantes.

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Anaité Álvarez

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