CC deniega amparo provisional a magistrada del TSE

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el amparo provisional solicitado por la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Irma Palencia, derivado del caso por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), programa fue utilizado en las generaciones generales en el país.

La Comisión Pesquisidora integrada por diputados del Congreso y que emitió la recomendación al pleno de retirar la inmunidad de cuatro de los magistrados del TSE fue la denunciada en la referida acción de amparo.

Palencia señaló como acto reclamado que la Comisión Pesquisidora de no citarla legalmente ni escucharla, ni darle la oportunidad de defenderse, en el antejuicio instalado en su contra, así como el riesgo que corre, ya que sin haberse cumplido con tales exigencias constitucionales y legales, remitió la autoridad impugnada el informe circunstanciado para decidir si se declara con o son lugar el antejuicio instado en su contra.

Sin embargo, por unanimidad los magistrados de la CC decidieron no otorgarle el amparo a Irma Palencia.

Magistrados del TSE fuera del país

El 31 de noviembre, 108 diputados del Congreso votaron con lugar para retirarle la inmunidad a los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, los cuales al día siguiente salieron del país.

El Ministerio Público señaló a los magistrados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

Aseguró que los referidos magistrados hicieron constar en acta que TSE suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa de sistema informático de la TREP con la entidad Datasys Guatemala, S. A.

Argumentó que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software sino que la misma entidad recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, S. A.  y al ofrecer su oferta al TSE lo hizo por la cantidad de Q148millones 850, 250 mientras que otra entidad lo ofertó por la cantidad Q113millones 957, 424.

A criterio del MP, los magistrados posiblemente suscribieron el referido contrato utilizando «artificios» para defraudar al estado de Guatemala, puesto que existe una diferencia de Q34 millones entre lo ofertado por las entidades postulantes.

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