MP interpone amparo en contra del Presidente Bernardo Arévalo y otros funcionarios

El Ministerio Público (MP) informó que presentó una acción constitucional del amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Presidente de la República, Bernardo Arévalo, Procurador General de la Nación (PGN), Julio Roberto Saavedra Pinetta, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero
Garnica.

Según señalan el MP existe una «amenaza real, cierta e inminente» que el mandatario continúe en forma «arbitraria e ilegal» tomando medidas políticas nacionales e internacionales, así como promoviendo otras medidas de hecho que «inciten a la violencia», que pueden desembocar en atentados en contra de la
integridad física y la vida tanto de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta y de los distintos funcionarios que integran la institución.

En el caso, del PGN, Julio Roberto Saavedra Pinetta, y el Secretario General de la Presidencia, aseguran que existe la amenaza real cierta e inminente que bajo instrucciones del Presidente y por iniciativa propia continúen extralimitándose en sus funciones mediante acciones ilegales para lograr, de forma inconstitucional e inconvencional, la remoción de la Fiscal General-

«Estas acciones ilegitimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho, que de materializarse representarían una clara violación a la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público, el principio de legalidad y el principio de certeza y seguridad jurídica», afirmó el MP a través de un comunicado.

Por ello, el MP explicó que ha planteado la referida Garantía Constitucional para que la CC ordenen al Presidente de la República que se abstenga de adoptar medidas que pretenda tomar el control de la institución.

«El imperio de la ley, todo empleado y/o funcionario público, incluyendo las fuerzas de seguridad, deben adecuar sus actos a la protección de la misma ley, por lo que la ley regula consecuencias jurídicas ante tal incumplimiento y existen múltiples resoluciones de la Corte de Constitucionalidad al respecto», advirtió el MP.