FECI allana el Minex por caso de las vacunas Sputnik V

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y personal de la Dirección de Investigaciones criminalisticas del Ministerio Público (MP) informó que efectuaron allanamientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) por la investigación relacionada a posibles irregularidades en la adquisición de vacunas Sputnik V.

Según detalló el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche los allanamientos son para obtener indicios que sustente la investigación vinculadas con la compra de las vacunas.

En ese sentido, Curruchiche indicó que preliminarmente establecieron que hubo comunicación entre funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) con personas se encontraban en el país así como en el extranjero.

Anteriormente, la FECI realizó allanamientos en el departamento de tecnología e información del Ministerio de Salud en donde obtuvieron información de correos electrónicos en los que podrían estar vinculadas personas bajo investigación.

Sobre el compra

El Gobierno guatemalteco y Rusia el 30 de marzo de 2021, firmó un contrato, el cual establecía la compra de Q16 millones, que fue firmado por la exministra de Salud, Amelia Flores, con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF),

El Ministerio de Salud inició el proceso de pago correspondiente al 50 % del monto total de la compra, equivalente a 614.5 millones de quetzales, el 5 de abril de 2021.

La adquisición total de la vacuna Sputnik V ascendía a más de 79 millones de dólares. A pesar del desembolso realizado, la entrega de las dosis fue más lenta de lo esperado, lo que generó críticas y la necesidad de renegociar el contrato.

Asimismo, se señalan varios aspectos legales cuestionables en el contrato, entre ellos, la firma de este en idioma inglés. Según la Ley del Organismo Judicial, el idioma oficial de Guatemala es el español, lo que podría invalidar el contrato al no estar redactado en el idioma oficial del país.

Además, se destaca que el contrato estableció una indemnización límite de tan solo 100 mil dólares, lo cual, según expertos, podría ser considerado una liquidación previa de daños y perjuicios, acción que se considera ilegal en derecho internacional.