Caso Floridalma Roque: MP interpone amparo y analiza futuras acciones legales

El Ministerio Público (MP) se pronunció respecto a la sentencia dictada contra Kevin Malouf Sierra, Lydia Moreira y Susana Rojas en el caso de Floridalma Roque, destacando su oposición al cambio de delitos y la reducción de penas.

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A través de un comunicado, el MP informó que interpuso una acción constitucional de amparo, la cual aún está pendiente de resolución por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.

Según el ente investigador, la modificación de la calificación jurídica representa una violación a los Derechos Humanos.

Cambio de calificación jurídica y sentencia

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una sólida investigación en cada etapa procesal, con pruebas objetivas que respaldaban la acusación.

Desde el inicio, se solicitó que los acusados fueran juzgados por homicidio, cuya pena oscila entre 15 y 40 años de prisión.

Se estableció la participación de Kevin Malouf Sierra y Lydia Moreira como autores, y de Susana Rojas como cómplice. Sin embargo, el juez modificó la calificación a homicidio culposo, reduciendo la pena de 2 a 5 años de prisión.

Ante esta decisión, el MP insiste en que los elementos probatorios justifican la calificación original de homicidio.

Decisión del juez y solicitud de penas

Durante la audiencia de aceptación de cargos, la Fiscalía informó sobre la acción constitucional en trámite, pero el juez decidió continuar con el proceso.

El MP solicitó la pena máxima para cada acusado dentro de la nueva calificación jurídica:

• Kevin Malouf Sierra: 5 años de prisión, inhabilitación para ejercer la profesión de médico y empleos públicos, y suspensión de derechos civiles y políticos por 10 años.
• Lydia Moreira: 3 años y 4 meses de prisión por homicidio en grado de complicidad, con las mismas inhabilitaciones.
• Susana Rojas: 3 años de prisión por encubrimiento propio, inhabilitación por 6 años y 7 meses para ejercer la profesión de enfermera y ser contratada por el Estado, además de suspensión de derechos cívicos y políticos.

El MP analiza actualmente las acciones legales a seguir, en espera de la resolución del amparo interpuesto.