Reacciones políticas ante la derogación de los acuerdos del seguro obligatorio

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la derogación de los acuerdos gubernativos que implementaban el seguro obligatorio para vehículos, una medida que había generado una gran controversia en el país. La decisión fue recibida con diversas opiniones por parte de los miembros del Congreso y diputados.

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El diputado Samuel Pérez calificó la decisión como “difícil pero acertada”, resaltando que esta acción demuestra que el gobierno de Arévalo escucha las demandas del pueblo de Guatemala. Pérez, miembro de la bancada de la oposición, reconoció que la derogación de los acuerdos es una medida que favorece a los ciudadanos, quienes expresaron su rechazo al pago del seguro obligatorio.

En un tono similar, el presidente del Congreso, Nery Ramos, también se mostró a favor de la medida tomada por el presidente Arévalo, destacando que se trató de una «decisión acertada», especialmente después del fuerte malestar generado por los bloqueos y protestas que ocurrieron en el país a raíz de esta normativa.

Por su parte, el diputado Héctor Aldana apuntó que la responsabilidad de la publicación de los acuerdos debería haber recaído sobre la Junta Monetaria y no sobre el presidente. Según Aldana, el presidente Arévalo no debía haber tomado una decisión tan polémica, ya que esta es una atribución que le corresponde a la Junta, generando un debate en torno a la correcta aplicación de los procesos legislativos.

La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo fue más dura al expresar su descontento, señalando que el presidente Arévalo tiene un “equipo incompetente” que ha impedido que el mandatario actúe de acuerdo con las expectativas de los guatemaltecos. Marroquín de Palomo subrayó que la situación actual pone en duda la capacidad del presidente para tomar decisiones clave para el bienestar del país.

La derogación de los acuerdos gubernativos del seguro obligatorio ha generado una gran controversia política en Guatemala, con opiniones divididas entre quienes apoyan la medida y quienes critican la forma en que se manejó el proceso.