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Fiscales regionales del MP se pronuncian ante informe de la CIDH

Los fiscales regionales del Ministerio Público (MP) emitieron un pronunciamiento en el que rechazan categóricamente las conclusiones del informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de diciembre. Según su postura, dicho documento —que alerta sobre una crisis en el sistema de justicia guatemalteco por presuntas injerencias que afectarían la independencia judicial— no cuenta con sustento jurídico y no refleja el funcionamiento real del sistema de justicia del país.
En la declaración, los fiscales enfatizan que todas las actuaciones del MP se desarrollan con base en la legalidad, los mecanismos internos de fiscalización establecidos en la normativa nacional y los controles judiciales ejercidos por los tribunales. Afirmaron también que no existe persecución arbitraria contra operadores de justicia, periodistas o defensores de derechos humanos, pues las investigaciones solo se originan a partir de denuncias ciudadanas y se tramitan “sin excepciones ni privilegios”.
El pronunciamiento destaca además que el Ministerio Público reporta una eficiencia del 98% en la atención de casos y critica que la CIDH no haya considerado el contexto operativo, incluyendo más de 1.2 millones de expedientes heredados de administraciones anteriores. Los fiscales aseguran enfrentar riesgos y amenazas en el ejercicio de sus funciones y solicitan a la Comisión revisar sus valoraciones, que a su juicio podrían no estar adecuadamente contextualizadas conforme a la legislación nacional.
Por otro lado, el informe de la CIDH expone que Guatemala atraviesa desafíos estructurales que comprometen la institucionalidad democrática, la independencia judicial y el ejercicio de derechos humanos. La Comisión señala la influencia de actores políticos y económicos en estructuras estatales y cuestiona que el Ministerio Público se habría apartado de su mandato de actuar de manera independiente y objetiva.
Finalmente, la CIDH formuló 43 recomendaciones al Estado guatemalteco dirigidas a fortalecer la independencia judicial, asegurar un uso adecuado del derecho penal y mejorar la protección de poblaciones vulnerables.

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