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Cronología: Gobierno continúa sin concretar la compra de bloqueadores de señal en cárceles

A más de un año de los primeros anuncios, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) no han logrado concretar la adquisición de sistemas para bloquear señales en los centros carcelarios.
En febrero de 2025, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó sobre gestiones para implementar bloqueadores de señal, con el objetivo de impedir la comunicación ilícita desde las cárceles.
En ese momento, el entonces director Sergio Vela aseguró que se trabajaba junto a empresas de telefonía para desarrollar un sistema que evitara estas prácticas.
Posteriormente, durante una citación en el Congreso de la República de Guatemala, se dio a conocer que se analizaba la adquisición de un software proveniente de Costa Rica, el cual sustituiría los bloqueadores tradicionales, considerados obsoletos por autoridades como la exviceministra de Seguridad Claudia Palencia.
Sin embargo, con el cambio de autoridades en noviembre de 2025, el viceministro Estuardo Solórzano anunció que se iniciaría un nuevo proceso de licitación, descartando la compra del software previamente contemplado.
En enero de 2026, tras revelarse el uso de tecnología satelital en centros carcelarios, autoridades indicaron que buscarían coordinar con empresas como Starlink para bloquear este tipo de señales en los recintos penitenciarios.
Más recientemente, en abril de 2026, la viceministra de Tecnología Karen Ortiz informó que se evalúan nuevas herramientas para implementar un bloqueo integral, que no solo abarque llamadas telefónicas, sino también internet, radiofrecuencia e incluso el uso de drones. Según indicó, las pruebas de estas tecnologías iniciaron ese mismo mes.
En paralelo, dentro del Congreso se han presentado diversas iniciativas de ley relacionadas con el control de señales en centros penitenciarios.
Algunas propuestas plantean sanciones más severas para las compañías telefónicas, mientras que otras buscan obligarlas a bloquear comunicaciones, en un contexto donde aún no existe un marco regulatorio específico.










