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¿De quién es el arma que habrían implantado a los hermanos Choc Toz?
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La carabina que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron como incautada a los hermanos Choc Toz, capturados poco después del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, continúa bajo investigación.
Los hermanos fueron detenidos el sábado 17 de octubre, luego del ataque armado ocurrido en el Campo Marte, zona 5 capitalina. Sin embargo, denunciaron que los policías habían colocado el arma entre sus pertenencias.
Ahora, las autoridades policiales han dado a conocer información preliminar sobre la propiedad de la carabina.
¿A quién pertenece la carabina?
Según explicó el subdirector de la PNC, Esvin Jacinto Quiché, el arma está registrada a nombre de una persona particular y no pertenece a la Policía Nacional Civil ni al Ejército de Guatemala.
El funcionario también indicó que la carabina no tiene reporte previo de robo.
Por el momento, no se ha revelado públicamente quién es su propietario.
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Director de la PNC es citado al Congreso
Este jueves 22 de octubre, el director de la PNC, David Custodio Boteo, acudió a una citación en el Congreso de la República, donde fue cuestionado por el asesinato de Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, sobre el procedimiento policial realizado después del crimen.
Boteo explicó que el caso se encuentra bajo reserva del Ministerio Público (MP), por lo que evitó proporcionar detalles específicos de la investigación.
También relató que recibió el primer reporte del ataque entre las 9:30 y las 10:00 de la mañana del 17 de octubre, mediante un chat, mientras participaba en una actividad en Panamá.
Al referirse a las actuaciones policiales, aseguró que no existió ninguna instrucción de sus superiores para proceder fuera de la ley.
«En un procedimiento de flagrancia ni el Presidente de la República puede dar una orden como tal», afirmó.
El director explicó que los agentes pueden interceptar a personas que coincidan con las características de sospechosos transmitidas por radio y posteriormente coordinar con el MP y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) la revisión de cámaras y otros indicios.
Sobre los avances de la investigación, señaló que espera que se produzcan las primeras capturas en un plazo de 15 días.
Boteo también descartó renunciar a su cargo, pues consideró que hacerlo «sería como aceptar que uno está cometiendo un error». Agregó que la decisión sobre su continuidad corresponde al ministro de Gobernación.
PDH investiga las actuaciones policiales
Durante la citación, Yessenia Chan, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó que la institución abrió dos expedientes relacionados con los hechos del 17 de octubre.
El primero se refiere a posibles vulneraciones de derechos durante la captura de los hermanos Choc Toz e involucra al Ministerio de Gobernación y la PNC.
El segundo busca establecer si existieron vulneraciones relacionadas con la seguridad de Solórzano Foppa y está dirigido al ministro de Gobernación, al primer viceministro de Seguridad y al director de la PNC.
La PDH también verificó las condiciones en las que permanecieron los detenidos y acompañó las manifestaciones ciudadanas posteriores a las capturas.
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¿Por qué fueron capturados los hermanos Choc Toz?
El sábado 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron durante un ataque armado en una de las canchas del Campo Marte.
Minutos después, la PNC detuvo a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz en el bulevar San Isidro, zona 16, cuando se desplazaban en motocicleta.
Durante el procedimiento, los agentes reportaron el hallazgo de una carabina en el equipo que utilizaban para repartir comida a domicilio.
Los hermanos negaron tener relación con el crimen y denunciaron que el arma habría sido colocada por los policías, debido a que en una primera inspección no estaba en la caja repartidora.
El domingo 18 de octubre, un juzgado dictó falta de mérito a favor de ambos al considerar que no había elementos suficientes para ligarlos a proceso. Tras recuperar su libertad, regresaron a Senahú, Alta Verapaz.
Posteriormente, el Ministerio de Gobernación confirmó que los agentes involucrados en la detención fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se investigan posibles irregularidades en el procedimiento.
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