Organizaciones presentan denuncias en MP por retención de información pública

Miembros de Acción Ciudadana y de la Red Nacional de Comisiones de Transparencia interponen denuncias contra la Ministra de Salud, dos alcaldes y al Procurador General de la Nación por retención de información pública. 

Miembros de Acción Ciudadana y de la Red Nacional de Comisiones de Transparencia interponen denuncias en el @MPguatemala contra la Ministra de Salud, el alcalde de Santiago Atitlán, Bartolomé Ajchimajay y al Procurador General de la Nación por retención de información pública. pic.twitter.com/wyVi4uQ0C0— Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) May 17, 2021

El director Jurídico de Acción Ciudadana, Edie Cux, interpuso 3 denuncias en el Ministerio Público contra la ministra de Salud, Amelia Flores, por no dar a conocer los contratos donde detalla la compra de las vacunas contra el nuevo coronavirus y el listado de las personas inmunizadas.

De acuerdo con Cux, las base de datos que proporciona la cartera está incompleta, ya que se han requerido los nombres y cargos de los funcionarios a quienes se les ha aplicado la dosis contra el COVID-19.

Denuncia contra PGN

Acción Ciudadana también presentó una acción legal contra el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, por negar datos de las denuncias que ha recibido la PGN de las violaciones a los derechos humanos del adulto mayor. Además, dicha institución indicó que la PGN tampoco le otorgó datos de la nómina de empleados, la cual debe ser pública para los guatemaltecos.

Lea también: Cancillería investiga a consulado en Los Ángeles por donaciones

Contra alcaldes

El Director de la Red Nacional de Comisiones de Transparencia, Luis Compá, interpuso una denuncia contra del alcalde de San Cristóbal Verapaz, Ovidio Choc Pop, y otra contra el alcalde de Santiago Atitlán, Bartolomé Ajchomajay Tacaxoy, por retener información pública y criminalizar a un ciudadano que solicitó acceso a datos públicos.

Agregó que estas acciones las ha realizado en algunas instituciones del Estado para limitar el derecho de auditoría ciudadana.